El presidente boliviano ratificó su llamado al diálogo ante las protestas y bloqueos que mantienen paralizadas varias regiones y provocan escasez de alimentos, combustible y medicamentos.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este miércoles que la situación política y social del país se encuentra en un punto crítico. Según expresó, las protestas y bloqueos que afectan desde hace semanas a distintas regiones están llevando al país “al límite”, y advirtió que el gobierno podría aplicar medidas extraordinarias para recuperar el control del orden público.
Durante un acto realizado en la ciudad de La Paz, donde presentó una mesa de diálogo sobre políticas económicas y sociales, el mandatario sostuvo que el tiempo para resolver la crisis se está agotando. “El país necesita orden y esto está llegando al límite (…) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, afirmó.
Bolivia atraviesa desde hace casi un mes una fuerte ola de movilizaciones encabezadas por organizaciones campesinas, sindicatos obreros y sectores vinculados al transporte. En un principio, las protestas tenían como eje principal la crisis económica, la escasez y el deterioro de las condiciones de vida. Sin embargo, con el paso de los días, gran parte de los sectores movilizados comenzaron también a exigir la renuncia del presidente.
Las manifestaciones se concentran principalmente en La Paz y en la ciudad vecina de El Alto. Allí, los bloqueos de rutas y calles empezaron a generar graves problemas de abastecimiento. La falta de combustible, alimentos y medicamentos ya impacta de manera directa sobre la vida cotidiana de la población.
La tensión política aumentó aún más luego de que el Congreso eliminara las limitaciones legales que restringían la capacidad del Poder Ejecutivo para declarar estados de excepción. Con esta modificación, el gobierno queda habilitado para utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos y también para aplicar restricciones sobre la circulación de personas y las reuniones públicas.
En ese contexto, Paz endureció su discurso y afirmó: “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”.
A pesar de las advertencias oficiales y de la posibilidad de un mayor control estatal, las protestas continuaron durante toda la jornada. Miles de mujeres campesinas indígenas marcharon por el centro de La Paz en el marco del Día de la Madre en Bolivia. Muchas de ellas llevaban banderas indígenas y cacerolas vacías, utilizadas como símbolo de la crisis económica y de la falta de alimentos.
Durante la movilización, la dirigente campesina Marta Poma Luque expresó una postura muy dura contra el gobierno. “No tenemos miedo a morir. Vamos a dar nuestras vidas por defender (…) ya le hemos dicho al gobierno que alisten sus maletas y que se vaya”, declaró.
Las marchas coincidieron además con una huelga de transportistas que mantiene parcialmente paralizado el sistema de transporte público en distintas zonas de la capital boliviana.
En medio de la tensión, algunos dirigentes sociales intentaron evitar una escalada de violencia y pidieron que las fuerzas de seguridad no repriman las manifestaciones. El manifestante Froylán Choque sostuvo que “la policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo”, remarcando que muchos policías provienen de las mismas comunidades que hoy participan de las protestas.
Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara, quien mantiene diferencias políticas con Paz, buscó impulsar un espacio de diálogo alternativo con representantes de los sectores movilizados. Sin embargo, la convocatoria tuvo muy poca participación y solamente asistieron representantes de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo.
La crisis ya comenzó a generar consecuencias económicas y sociales cada vez más graves. En hospitales de La Paz se registran dificultades para conseguir medicamentos, insumos médicos y otros productos esenciales para los tratamientos.
Zulma Hinojosa, madre de un niño con problemas cardíacos y respiratorios que recibe atención médica en un hospital de la capital, explicó que muchos medicamentos aumentaron de precio y que otros directamente comenzaron a escasear.
El gobierno calcula que los bloqueos ya provocaron pérdidas económicas cercanas a los 600 millones de dólares. Además, Bolivia atraviesa desde 2023 una profunda crisis financiera caracterizada por la escasez de divisas, la caída de las reservas internacionales y una inflación cercana al 15%.
Rodrigo Paz comparó incluso la situación actual con la pandemia de coronavirus y aseguró que la crisis “es peor que el covid”, debido al fuerte impacto que tienen el desabastecimiento y el aumento de precios sobre ciudades como La Paz y El Alto.
Con el objetivo de reducir el descontento social, el presidente anunció días atrás que reducirá a la mitad su salario mensual. Sin embargo, la medida no logró disminuir las protestas ni modificar el clima de tensión política.
“Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana”, expresó la manifestante Delta Salinas durante una de las marchas.
Por otro lado, el gobierno acusa al ex presidente Evo Morales de estar detrás de los disturbios. Según el oficialismo, Morales impulsa las movilizaciones desde la región del Chapare, donde permanece refugiado mientras enfrenta una causa judicial por presunta trata de una menor.
El ex mandatario, por su parte, exige que el gobierno convoque nuevas elecciones dentro de un plazo de 90 días.
