La Unión Europea debatirá esta semana la respuesta política a la crisis migratoria registrada en Ceuta, luego del ingreso masivo de migrantes que abrió una profunda fractura política dentro del bloque. Este martes, los ministros del Interior de los 27 Estados miembros se reunirán para analizar la situación, mientras España defenderá la rápida devolución de quienes cruzaron la frontera y varios socios europeos cuestionarán la política de regularización migratoria impulsada meses atrás por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La primera evaluación formal del episodio tendrá lugar durante el encuentro de ministros del Interior y de la Comisión Europea, convocado tras los pedidos realizados tanto por el Ejecutivo español como por un grupo de 22 primeros ministros encabezado por Italia y Dinamarca. Antes de esa reunión, los embajadores de los Estados miembros mantendrán un encuentro preparatorio en el que España buscará reforzar su postura sobre la gestión de la emergencia.
Madrid sostendrá que logró recuperar rápidamente el control de la frontera. Según destacó Pedro Sánchez en un mensaje enviado a las autoridades comunitarias, “en menos de 48 horas, mi Gobierno ha logrado recuperar el control de la frontera plenamente”. Además, defenderá la devolución acelerada de unas 50.000 personas que cruzaron irregularmente desde Marruecos.
Sin embargo, esa estrategia convive con las críticas de una veintena de países que atribuyen parte de la crisis a la regularización masiva de inmigrantes aprobada meses atrás por el Ejecutivo español. Aunque las políticas migratorias siguen siendo competencia de cada Estado, varios gobiernos consideran que esa decisión generó un “efecto llamada”, incrementando la presión sobre la frontera de Ceuta.
La actuación de la Comisión Europea también quedó bajo la lupa. En un primer momento, la presidenta del organismo evitó expresar un respaldo explícito a España, incluso cuando algunos gobiernos comenzaron a plantear la posibilidad de suspender al país del espacio Schengen. Un día después, sin embargo, modificó su postura y respaldó la versión del Gobierno español al afirmar: “Las buenas noticias son que la inmensa mayoría de quienes llegaron ilegalmente a Ceuta han vuelto a Marruecos. Ni una sola persona ha alcanzado suelo continental español”.
El hecho de que los migrantes fueran devueltos en poco tiempo y no llegaran al territorio continental permitió que España no solicitara la activación de los mecanismos de solidaridad previstos en el nuevo Pacto de Migración y Asilo, vigente desde hace apenas dos meses.
La crisis también volvió a poner de manifiesto las profundas diferencias que existen dentro de la Unión Europea respecto de la política migratoria. Desde la llegada masiva de refugiados sirios hace una década, crecieron las propuestas para endurecer los controles, incluyendo la creación de centros de deportación en terceros países, una iniciativa impulsada principalmente por Dinamarca e Italia.
Desde el Gobierno español consideran que la reacción de algunos socios responde tanto a diferencias ideológicas como a intereses de política interna. Sánchez insinuó que detrás de los reclamos para excluir a España del espacio Schengen existe un interés electoral, en un contexto marcado por la proximidad de elecciones en Italia, Suecia, Finlandia, Francia y Polonia, donde la inmigración ocupa un lugar central en el debate público.
Esa interpretación fue respaldada por Filippo Grandi, exalto comisionado de ACNUR para los Refugiados, quien cuestionó la respuesta europea. “Se manipula a los migrantes para ejercer presión política sobre España. Las reacciones de muchos gobiernos están motivadas por la política interna; no hay ninguna preocupación genuina. La coordinación de la UE es vacilante y difícil de entender”, sostuvo.
Mientras Bruselas intenta recomponer consensos, funcionarios europeos reconocen que la división interna provocada por la crisis ya fue observada por actores externos. Además de la presión ejercida por Marruecos, el debate coincidió con nuevas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien volvió a plantear públicamente la posibilidad de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia.
