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A cinco días de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, el número oficial de víctimas fatales ascendió a 920, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría incrementarse a medida que continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros.
Además de la pérdida de vidas, los sismos provocaron graves daños en la infraestructura, los servicios esenciales y la actividad económica de amplias zonas del país.
Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectaron especialmente a Caracas y a los estados de La Guaira, Miranda, Carabobo, Aragua y Yaracuy, según las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El organismo calcula que en las áreas alcanzadas por el terremoto se encuentran alrededor de 1,7 millones de estructuras, lo que refleja la magnitud del impacto sobre la población y la economía.
A través de la herramienta de evaluación satelital RAPIDA, que combina modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos demográficos, el PNUD determinó que aproximadamente 8,6 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas de intensidad moderada o superior. De ese total, unas 2,1 millones habrían experimentado los efectos más severos. Esta evaluación fue realizada durante las primeras horas posteriores al desastre y permitió orientar las acciones de emergencia.
Según las estimaciones preliminares del organismo internacional, los daños físicos directos ascienden a unos 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente a cerca del 6% del Producto Interno Bruto venezolano. El cálculo contempla principalmente las pérdidas sufridas en viviendas y activos económicos, aunque todavía no incorpora el costo de la infraestructura dañada ni las futuras tareas de reconstrucción.
El PNUD estima que el impacto directo podría ubicarse entre los 4.700 y los 8.700 millones de dólares. No obstante, los especialistas advierten que el costo económico total podría llegar a triplicar esa cifra al considerar la paralización de actividades productivas, la interrupción de servicios y las necesidades de recuperación de largo plazo.
La tecnología RAPIDA, basada en inteligencia artificial y sistemas de información geográfica, fue determinante para identificar rápidamente las zonas más afectadas y las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad durante las primeras 72 horas posteriores al terremoto. Gracias a esta información, las autoridades y los organismos humanitarios pudieron planificar con mayor precisión las intervenciones de emergencia.
El análisis de imágenes satelitales nocturnas también permitió detectar posibles interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores de Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua, lo que confirmó la magnitud de los daños sufridos por los servicios esenciales.
El representante residente del PNUD en Venezuela, Luis Francisco Thais, destacó la importancia de contar con información precisa desde las primeras horas posteriores a una catástrofe. En ese sentido, señaló que la rapidez y la precisión de las evaluaciones iniciales resultan fundamentales para organizar una respuesta eficaz y priorizar adecuadamente la asistencia humanitaria.
Mientras continúan las tareas de rescate, la ciudad de La Guaira experimentó un importante colapso en su circulación debido a la llegada masiva de voluntarios provenientes de Caracas y de otras regiones del país. Miles de personas arribaron con alimentos, herramientas y otros insumos para colaborar con las comunidades afectadas.
Al mismo tiempo, también ingresó un importante despliegue de rescatistas y maquinaria pesada, tanto de organismos nacionales como de equipos internacionales, destinados a acelerar la remoción de escombros. En varios sectores, los equipos de emergencia solicitaron silencio absoluto para intentar detectar posibles sobrevivientes, una tarea que continuaba desarrollándose más de 48 horas después de los terremotos.
Ante esta situación, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ordenó restringir el acceso a La Guaira. La decisión se adoptó luego de la militarización del estado dispuesta horas antes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de facilitar el ingreso de maquinaria, agilizar las tareas de asistencia y evitar mayores complicaciones en la zona más afectada por los sismos.
