Al cumplirse seis meses desde que Delcy Rodríguez asumió la Presidencia interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, especialistas en derecho constitucional y organizaciones civiles advirtieron que el país ingresó en una situación de incertidumbre jurídica por la continuidad del gobierno encargado más allá de los plazos previstos por la Constitución.
La ONG Acceso a la Justicia sostuvo que la permanencia de Rodríguez al frente del Ejecutivo excede el límite establecido por la Carta Magna para las faltas temporales del presidente, que contempla un máximo de 180 días entre el período inicial y su eventual prórroga autorizada por la Asamblea Nacional.
El debate se originó luego de que el Tribunal Supremo de Justicia interpretara la situación de Maduro bajo la figura de una “ausencia forzosa”, evitando declarar la falta absoluta del mandatario, un escenario que, según la Constitución venezolana, habría obligado a convocar nuevas elecciones presidenciales.
Desde Acceso a la Justicia señalaron que el silencio de la Asamblea Nacional frente al vencimiento del plazo representa un incumplimiento de sus funciones constitucionales y advirtieron que una prolongación indefinida del gobierno interino vulnera los principios del Estado de Derecho.
En la misma línea, el abogado y defensor de derechos humanos Joel García afirmó que la continuidad de la presidencia encargada sin una definición institucional implica una ruptura del orden constitucional, mientras que el politólogo Nicmer Evans consideró que la permanencia de Rodríguez carece de legitimidad democrática al haberse superado los plazos previstos por la Constitución.
Por su parte, el oficialismo sostiene que la situación generada tras la captura de Maduro no está contemplada expresamente por la Constitución y defiende la continuidad administrativa del Ejecutivo mientras persistan las circunstancias excepcionales.
La controversia política se desarrolla en un contexto especialmente complejo para Venezuela, que además enfrenta las consecuencias de los terremotos registrados a fines de junio, una emergencia que profundizó la crisis humanitaria y mantiene bajo presión a las autoridades nacionales.
