El dirigente del régimen nicaragüense, Daniel Ortega, afirmó este domingo que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo en el poder. La declaración fue realizada durante un acto multitudinario en Managua por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, donde sostuvo que no permitirá que la oposición vuelva a acceder al gobierno mediante un proceso electoral.
Durante su discurso, Ortega expresó que quienes se encuentran en el exilio buscan regresar al poder únicamente para beneficiarse económicamente. En ese contexto, aseguró que “no volverán a haber elecciones” que permitan a esos sectores “atrapar el Gobierno y el poder”. Además, anunció que trabajará junto con la Asamblea Nacional y otros organismos del Estado para impulsar nuevas leyes destinadas a impedir el accionar de quienes calificó como “golpistas” y “vendepatrias”, a quienes acusó de recibir financiamiento de Estados Unidos.
Ortega, de 80 años y exguerrillero sandinista, gobierna Nicaragua desde 2007. Desde 2017 comparte el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien inicialmente ejerció como vicepresidenta y, tras la reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2025, pasó a ocupar el cargo de copresidenta.
La reforma constitucional modificó de manera profunda la estructura institucional del país. Entre los principales cambios, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, creó la figura de la copresidenta, otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de coordinar los demás órganos del Estado, eliminó el tradicional equilibrio entre poderes y legalizó la figura de la apatridia. Como consecuencia de estas modificaciones, las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 fueron postergadas y, en teoría, deberían celebrarse en noviembre de 2027.
Estas reformas han recibido fuertes críticas de la comunidad internacional. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y el Gobierno de Estados Unidos cuestionaron la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo y advirtieron sobre el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo a comienzos de este año que Rosario Murillo asumió el cargo de copresidenta sin haber sido elegida mediante un proceso electoral libre, por lo que carecería de mandato y legitimidad democrática. Washington también acusó a la pareja gobernante de impedir que los ciudadanos nicaragüenses ejerzan su derecho al voto y afirmó que un poder sostenido mediante la represión y las reformas constitucionales no representa la voluntad popular.
