El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, presentado como una oportunidad histórica para ampliar exportaciones y reducir aranceles, quedó virtualmente congelado y su implementación podría al menos demorar entre 18 y 24 meses. La decisión del Parlamento Europeo de llevar el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea interrumpió el proceso de ratificación y volvió a introducir un escenario de incertidumbre política y comercial.
Para la Argentina, el impacto inmediato combina expectativas frustradas de acceso preferencial a un mercado de más de 700 millones de consumidores con la postergación de inversiones, decisiones logísticas y planes de expansión comercial. El freno llegó cuando distintos sectores ya proyectaban un salto en el comercio bilateral, que en 2025 superó los US$66.000 millones, según análisis sectoriales.
El acuerdo preveía la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90% de los bienes intercambiados, con plazos de hasta 10 años para las exportaciones del Mercosur y de hasta 15 para las de la UE. En ese marco, productos estratégicos para la Argentina, como la carne, los aceites, los vinos y los alimentos procesados, esperaban mejorar su competitividad en Europa mediante la reducción o eliminación de gravámenes.
La pausa, sin embargo, no solo retrasó esos beneficios. También volvió a poner sobre la mesa los desafíos estructurales que el país enfrenta más allá de cualquier tratado comercial, en particular los vinculados con la logística, la infraestructura y el costo país.
En ese contexto, Horacio Pereira, investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones Sociales de la Universidad Austral, remarcó que “este freno introduce un nuevo nivel de incertidumbre para los exportadores y para el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que ya venía marcado por idas y vueltas políticas”.
El freno europeo no implicó un rechazo definitivo, pero sí un retraso significativo. Pereira explicó el proceso que se enfrenta.
“La decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo UE–Mercosur al Tribunal de Justicia implica, en los hechos, que su avance queda virtualmente congelado por un período prolongado”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que “este tipo de procesos judiciales en la UE no son rápidos: suelen demorar entre 18 y 24 meses, porque el tribunal debe analizar en profundidad si el acuerdo es compatible con los tratados europeos”.
Durante ese análisis, el tratado no puede avanzar. “Mientras el Tribunal de Justicia no se expida, el acuerdo no puede ser ni ratificado ni implementado, lo que deja en suspenso cualquier avance concreto en la relación comercial entre ambos bloques”, afirmó Pereira.
El escenario posterior tampoco garantiza una rápida reactivación. “Incluso si el fallo fuera favorable, el proceso no termina ahí: habrá que reabrir el debate político dentro de la Unión Europea, con una nueva votación del Parlamento y posibles revisiones por parte de los Estados miembros”, señaló el investigador, quien anticipó que “en ese nuevo debate es esperable que sectores sensibles, como el agro, vuelva a ejercer presión para introducir ajustes o exigir mayores garantías”.
