La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad y solicitar, como medida cautelar, la suspensión de la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos mientras se analiza el caso.
El anuncio fue realizado este martes durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes explicaron que la presentación se concretó luego de que se agotaran todas las instancias de apelación dentro de la Justicia argentina.
El planteo busca que el organismo internacional evalúe si durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial y las garantías de defensa. Según los abogados, también solicitaron una medida cautelar para suspender la inhabilitación política hasta que exista una decisión definitiva sobre el expediente.
No obstante, una eventual resolución favorable del Comité no implicaría automáticamente la suspensión de la condena ni su revocación, ya que sus pronunciamientos no son vinculantes para el Estado argentino, aunque pueden tener impacto político e institucional.
La condena contra Cristina Kirchner quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Durante la conferencia, los abogados señalaron que, en caso de obtener una decisión favorable del organismo internacional, recurrirán a la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar la revisión de la sentencia, invocando las disposiciones previstas en el Código Procesal Penal Federal.
En paralelo, la exmandataria publicó una columna en medios europeos en la que sostuvo que fue víctima de una persecución judicial y afirmó que su inhabilitación constituye una forma de proscripción política. Allí aseguró que busca que el caso sea analizado bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
El proceso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU podría extenderse durante varios meses en su etapa inicial y demorarse años hasta una resolución definitiva. Mientras tanto, la condena y la inhabilitación continúan vigentes.
