Una nueva legislación impulsada por el régimen talibán en Afganistán habilita el matrimonio de niñas desde los 10 años de edad, una medida que genera preocupación por el impacto que tendrá sobre los derechos de las mujeres y las menores en el país.
La norma, que entró en vigor recientemente, forma parte de un nuevo código de familia que elimina las protecciones legales que establecían una edad mínima para contraer matrimonio y restringe las posibilidades de acceder al divorcio.
La nueva regulación busca intervenir de manera más profunda en la vida familiar y establece condiciones que dificultan que una menor pueda abandonar un matrimonio impuesto.
La medida se produce en un contexto de fuerte deterioro económico. La crisis que atraviesa Afganistán ha llevado a muchas familias a recurrir al matrimonio de sus hijas como mecanismo para afrontar dificultades financieras y garantizar la subsistencia del resto de sus integrantes.
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la redefinición del concepto de infancia. Bajo el nuevo marco legal, solo se considera niño a quien tiene menos de nueve años. De esta manera, una menor de diez, doce o trece años ya no queda comprendida dentro de esa categoría si ha sido casada.
La normativa deja sin efecto las protecciones que anteriormente establecían los 18 años como edad mínima legal para contraer matrimonio.
La decisión se suma a una serie de restricciones impuestas a las mujeres afganas desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. Actualmente, las niñas tienen prohibido asistir a la educación secundaria y las mujeres enfrentan crecientes limitaciones para estudiar, trabajar y desplazarse libremente.
Como consecuencia de estas medidas, más de un millón de niñas quedaron fuera del sistema educativo secundario durante los últimos años. Las proyecciones indican que esa cifra podría seguir aumentando si las restricciones continúan vigentes.
Especialistas advierten que la exclusión de las mujeres de la educación y del mercado laboral tendrá consecuencias económicas y sociales de largo plazo, profundizando la pobreza y aumentando la dependencia del país de la ayuda internacional.
También se prevé un incremento de los matrimonios infantiles y del tamaño de las familias, lo que podría ejercer una presión aún mayor sobre un sistema de salud que ya enfrenta dificultades por la escasez de personal femenino.
Las advertencias alcanzan además al plano cultural y social. Diversos analistas sostienen que las nuevas generaciones podrían crecer sin conocer modelos alternativos de convivencia y participación social, consolidando una estructura cada vez más restrictiva para las mujeres.
Mientras tanto, continúa el debate internacional sobre la relación con el régimen talibán y el alcance de las sanciones o mecanismos de presión destinados a revertir las políticas que afectan los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán.
A cinco años del retorno de los talibanes al poder, numerosos observadores consideran que las restricciones implementadas forman parte de un sistema de gobierno orientado a reforzar el control social y redefinir el papel de las mujeres dentro de la sociedad afgana.
