El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio a conocer este viernes un conjunto amplio de reformas orientadas al sector turístico, el comercio exterior, la inversión extranjera y la participación del sector privado, entre otros ámbitos, con la finalidad de impulsar una mayor liberalización y reducir la carga burocrática de una economía nacional que atraviesa una situación considerada crítica.
El anuncio, que se realizó de manera inesperada y únicamente ante medios de comunicación cubanos, fue presentado como una respuesta a la coyuntura interna del país y a la presión económica ejercida por Estados Unidos, aunque no se lo relacionó directamente con las conversaciones con Washington, que en reiteradas ocasiones ha manifestado su interés en que Cuba avance hacia transformaciones económicas y políticas de mayor profundidad.
En su intervención, Díaz-Canel planteó la necesidad de adaptar el país a las “exigencias de los tiempos actuales”, con el propósito de agilizar y dinamizar la actividad económica, descentralizar la gestión estatal y otorgar mayor margen de autonomía a distintos actores, incluyendo empresas estatales, gobiernos provinciales y municipales, así como al sector privado tanto dentro como fuera del país.
El mandatario sostuvo que “son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual”, en alusión a la necesidad de modificaciones estructurales.
El paquete de medidas, según se indicó, será sometido en las próximas semanas a la aprobación del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, único partido legal y centro del poder político en la isla, y posteriormente será evaluado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano legislativo unicameral que habitualmente respalda por unanimidad las iniciativas que recibe.
Díaz-Canel afirmó además que “el país no está detenido” y que enfrenta la situación actual “con inteligencia”, aunque señaló que no toda la información puede ser comunicada con total claridad debido a la vigilancia de actores externos, por lo que enfatizó que la respuesta del país debe basarse en la unidad nacional.
Aunque estas reformas se inscriben en una línea que coincide parcialmente con demandas planteadas desde Washington, su alcance, al menos en esta etapa preliminar, no parece equipararse a las transformaciones más profundas que ha solicitado la administración del presidente Donald Trump.
Dentro de las medidas anunciadas, se destaca la apertura del sector turístico a nuevas modalidades de gestión y a la incorporación de “nuevos actores”, con el objetivo de optimizar el uso del parque hotelero del país, especialmente tras la retirada parcial o total de varias empresas extranjeras, entre ellas cadenas españolas como Meliá e Iberostar, que habrían buscado evitar sanciones por parte de Estados Unidos.
Esta situación ha dejado en incertidumbre la operación de cerca de medio centenar de instalaciones hoteleras que permanecen bajo propiedad del Estado cubano, en su mayoría administradas por Gaviota, perteneciente al conglomerado militar Gaesa, y que anteriormente eran gestionadas por esas compañías internacionales.
El presidente también mencionó reformas en el sector inmobiliario vinculado al turismo, apuntando a cambios en los modelos de gestión y a la incorporación de nuevas formas de participación de actores económicos.
En Cuba, el Estado mantiene la propiedad de la infraestructura hotelera, que supera las 84.000 habitaciones, además de contar con empresas dedicadas al alquiler de inmuebles turísticos.
Asimismo, se planteó incrementar la autonomía de las empresas estatales en aspectos como la política salarial, la reinversión de utilidades, la importación y exportación, las asociaciones con otros actores económicos, la planificación de negocios y el acceso al mercado cambiario.
Dentro del paquete de reformas también se prevé la eliminación de las empresas importadoras estatales que actualmente intermedian de forma obligatoria el comercio exterior, con el objetivo de hacerlo más ágil, junto con la flexibilización de las restricciones para la importación de vehículos.
En el ámbito agrícola, Díaz-Canel señaló que los productores podrán acceder directamente a insumos, establecer asociaciones con distintos actores, manejar cuentas con respaldo en efectivo, participar en el mercado cambiario y enfrentar procesos administrativos con menor carga burocrática.
El mandatario subrayó además el interés del gobierno en fomentar la inversión extranjera directa, destacando el papel potencial de los cubanos residentes en el exterior, quienes pasarían a contar con condiciones equivalentes a las de los ciudadanos dentro del país.
Finalmente, retomó la intención del Ejecutivo de avanzar de manera gradual en la eliminación de subsidios generalizados a productos, en referencia al sistema de racionamiento, con el objetivo de transitar hacia un esquema de subsidios dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.
Cuba atraviesa desde hace más de seis años una profunda crisis estructural que ha provocado una contracción económica superior al 15 % entre 2020 y 2025, situación que se ha visto agravada por el incremento de la presión estadounidense desde comienzos de este año, con nuevas sanciones y restricciones que han intensificado las dificultades económicas en la isla.
