El presidente de Bolivia promulgó este lunes una norma que regula el estado de excepción y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en medio de la crisis. Su puesta en vigencia no implica que la activación de la medida
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción, una normativa que establece las condiciones para la aplicación de medidas extraordinarias y temporales frente a situaciones de amenaza externa, alteraciones graves del orden interno o desastres naturales.
Durante el acto de promulgación, el mandatario sostuvo que la nueva legislación busca proteger a la mayoría de la población frente a quienes intentan desestabilizar el sistema democrático. En ese contexto, responsabilizó al denominado “narcoterrorismo” de impulsar las recientes protestas y bloqueos que afectan al país.
Si bien Paz reiteró que el diálogo debe ser la principal vía para resolver los conflictos internos, también dirigió un mensaje a las Fuerzas Armadas. Les recordó su responsabilidad de resguardar el futuro del país y les pidió actuar con firmeza y profesionalismo, siempre dentro del marco de la Constitución y el respeto a los derechos humanos.
La entrada en vigor de esta ley coincide con una crisis marcada por 33 días consecutivos de bloqueos de carreteras que han afectado gran parte del territorio nacional. Con la nueva normativa, el presidente queda facultado para declarar un estado de excepción por un período de hasta 90 días, siempre que cuente con la aprobación del Poder Legislativo y con la posibilidad de extender su vigencia.
La aprobación de la ley se concretó mediante un trámite acelerado en ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados, la votación final se produjo durante la madrugada del domingo, tras más de diez horas de debate parlamentario.
Aunque la iniciativa obtuvo el respaldo mayoritario necesario para convertirse en ley, el tratamiento legislativo estuvo acompañado de intensas discusiones. Algunos legisladores defendieron la necesidad de adoptar medidas urgentes para restablecer el orden frente a los prolongados bloqueos. Otros, en cambio, expresaron preocupación por los alcances y posibles consecuencias de la normativa.
Uno de los aspectos más controvertidos fue la disposición que presume la legalidad de las actuaciones realizadas por las fuerzas de seguridad durante la vigencia de un estado de excepción. Diversos parlamentarios advirtieron que esta cláusula podría favorecer excesos de autoridad y eventuales vulneraciones de derechos fundamentales.
La crisis social en Bolivia se extiende desde hace más de un mes. Las protestas comenzaron en regiones andinas y posteriormente se expandieron a seis de los nueve departamentos del país.
Inicialmente, las movilizaciones estuvieron motivadas por demandas sindicales relacionadas con incrementos salariales, cuestionamientos a la calidad de los combustibles y rechazo a determinadas reformas impulsadas por el Ejecutivo. Con el paso de las semanas, distintos sectores sociales se sumaron a las protestas, transformando las demandas originales en un pedido generalizado de renuncia del presidente y endureciendo las medidas de presión.
Según informó este lunes la Administradora Boliviana de Carreteras, existen actualmente 84 puntos de bloqueo distribuidos en distintas zonas del país. Esta situación ha generado dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, consideradas las más afectadas por las interrupciones de las rutas. Además, se ha registrado un incremento en el precio de productos básicos.
Los medios de comunicación locales también reportan consecuencias en otros ámbitos. Entre ellas figuran la interrupción parcial de servicios médicos debido a la escasez de oxígeno medicinal, la suspensión de clases presenciales y problemas en el funcionamiento del transporte público y en la recolección de residuos.
El impacto de los bloqueos no solo afecta a la población en su vida cotidiana, sino también a sectores estratégicos de la economía nacional, como el transporte y la industria, que acumulan importantes pérdidas económicas.
Ante este escenario, representantes políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil han incrementado la presión sobre el Gobierno para que encuentre una solución al conflicto y ponga fin a las medidas de protesta, debido al elevado costo social y económico que estas generan.
A pesar de que el Estado dispone de mecanismos para intervenir y liberar las carreteras mediante las fuerzas de seguridad, durante gran parte del conflicto el Ejecutivo optó por impulsar procesos de diálogo que finalmente no prosperaron. Paralelamente, se habilitaron corredores humanitarios temporales destinados a garantizar el traslado de alimentos y otros productos esenciales.
Mientras persiste la incertidumbre respecto de la estrategia gubernamental para resolver la crisis, la nueva ley proporciona al presidente una herramienta adicional. A partir de ahora, el estado de excepción podrá ser declarado mediante decreto supremo y deberá recibir la aprobación de la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 72 horas.
