La jueza sorprendió con esa hipótesis en una conferencia en la que advirtió que la corrupción en la Argentina es estructural; para ella, debería haber más jueces y fiscales destituidos.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, presentó este miércoles una fuerte hipótesis sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en 2015. Durante una exposición pública, sostuvo que algunas de las personas que habrían participado en el crimen tendrían vínculos con sectores de inteligencia que actualmente operarían alrededor de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ubicada en Santa Cruz, y también con funcionarios del gobierno nacional actual.
La jueza habló en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en el Hotel Libertador. Allí desarrolló una mirada muy crítica sobre el funcionamiento institucional del país y afirmó que la corrupción en la Argentina no es un fenómeno aislado, sino estructural, ya que —según explicó— atraviesa a los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En ese contexto, también cuestionó duramente al Consejo de la Magistratura. Lo describió como un “elefante burocrático”, dando a entender que se trata de un organismo lento e ineficaz, que no actúa con rapidez frente a jueces o fiscales que deberían ser investigados o removidos de sus cargos. Para Arroyo Salgado, la cantidad de magistrados sometidos a juicio político es mucho menor de la que debería existir teniendo en cuenta los niveles de corrupción presentes en la Justicia.
Su discurso generó repercusión entre los asistentes. Hubo aplausos y sorpresa especialmente cuando hizo referencia al caso Nisman y deslizó estas nuevas sospechas. Sin embargo, no profundizó demasiado ni aportó detalles concretos sobre las personas involucradas.
La relación de Arroyo Salgado con el caso tiene además un componente personal. Durante 16 años fue la esposa de Nisman y es la madre de sus dos hijas. El fiscal llevaba adelante la investigación del atentado contra la AMIA y había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados por el atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán. Días después de realizar esa denuncia, Nisman apareció muerto en su departamento con un disparo en la cabeza.
Durante la ronda de preguntas del evento, le consultaron a la jueza si confiaba en que la investigación pudiera llegar a esclarecer completamente el crimen. Ella respondió que veía muy difícil identificar a los autores intelectuales del asesinato, aunque consideró posible determinar quiénes participaron o colaboraron en los hechos. Fue entonces cuando mencionó que existirían trascendidos sobre personas relacionadas con servicios de inteligencia que actualmente tendrían presencia en estructuras vinculadas a Río Turbio y conexiones con funcionarios del gobierno.
La causa judicial actualmente considera la muerte de Nisman como un homicidio. Entre los procesados se encuentra el técnico informático Diego Lagomarsino, quien reconoció haberle entregado el arma que terminó causando la muerte del fiscal. También fueron procesados algunos de los custodios que debían protegerlo.
Lagomarsino respondió a las declaraciones de Arroyo Salgado y explicó que efectivamente mantuvo contactos con YCRT porque había sido convocado para ofrecer soluciones tecnológicas a la empresa. Según dijo, incluso viajó a Río Turbio para conocer las instalaciones, pero finalmente nunca llegó a concretarse ningún trabajo porque no hubo acuerdo. Remarcó además que todo ocurrió de manera formal y autorizada, incluso con conocimiento del juez federal Julián Ercolini, quien lo investiga en la causa. Negó completamente que hubiera algún tipo de actividad secreta o irregular.
Por otro lado, el fiscal Eduardo Taiano sostiene como hipótesis que la muerte de Nisman pudo haberse dado en medio de una disputa interna entre distintos sectores de inteligencia argentinos. Algunos de esos grupos responderían al kirchnerismo y otros al exagente de inteligencia Jaime Stiuso. El propio Stiuso declaró en la causa y sugirió que sectores vinculados al kirchnerismo podrían haber estado detrás del crimen.
Las declaraciones de Arroyo Salgado parecieron hacer referencia a versiones periodísticas sobre supuestas reuniones ocurridas en la sede porteña de YCRT entre el gerente Maxi Cáceres y el interventor Pablo Gordillo. Según esos trascendidos, Gordillo sería un dirigente históricamente ligado al kirchnerismo que actualmente ocupa funciones dentro de la administración libertaria tras la salida de otro interventor involucrado en denuncias de corrupción.
En el resto de su exposición, la jueza habló sobre investigaciones complejas y la pérdida de credibilidad de la Justicia. Volvió a insistir en que la corrupción no pertenece a un solo espacio político y sostuvo que ningún gobierno quedó afuera de esa problemática. Según explicó, detrás de cada funcionario corrupto suele haber también sectores civiles que participan o facilitan esos mecanismos.
Además, hizo referencia al narcotráfico y al crimen organizado en las zonas fronterizas, afirmando que estas organizaciones logran apropiarse de partes del territorio y del Estado mediante la compra de campos y la construcción de pistas clandestinas para el tráfico de drogas.
También habló del terrorismo y lo vinculó directamente con los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel. En ese punto volvió a mencionar a Nisman y aseguró que fue asesinado apenas cuatro días después de presentar una denuncia contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo. Según su mirada, el Memorándum con Irán no fue un acuerdo diplomático legítimo, sino un “pacto de impunidad” destinado a proteger a los responsables del atentado.
Arroyo Salgado definió la muerte de Nisman como uno de los hechos institucionales más graves ocurridos en democracia, precisamente porque se trataba de un fiscal en ejercicio investigando una causa extremadamente sensible para el país.
La jueza sostuvo que uno de los principales desafíos de la Argentina es enfrentar una corrupción “endémica y estructural”. Explicó que no solo existe una corrupción activa, protagonizada por funcionarios, jueces, fiscales o miembros de fuerzas de seguridad que participan directamente de organizaciones criminales, sino también una corrupción pasiva, vinculada a quienes eligen mirar hacia otro lado, no intervenir o permitir que las irregularidades continúen.
Finalmente, afirmó que la honestidad debería ser el criterio central al momento de seleccionar jueces y fiscales. También criticó el hecho de que presos en cárceles bonaerenses tengan acceso a celulares y dijo haberle advertido sobre esta situación al ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, sin obtener respuesta favorable. Incluso propuso que el gobernador Axel Kicillof transfiera el Servicio Penitenciario Bonaerense al área de Seguridad, siguiendo el modelo aplicado por el gobierno nacional con el sistema penitenciario federal.
Para cerrar, volvió a cuestionar al Consejo de la Magistratura y sostuvo que, considerando los niveles de corrupción existentes dentro del sistema judicial y del Ministerio Público, debería haber muchos más magistrados investigados, sometidos a juicio político y removidos de sus cargos.
